Falta de meritocracia: El costo lo asumimos los contribuyentes

El tema fue analizado esta semana en el panel #VigilanciaActiva, que organiza el Consejo Privado Anticorrupción en alianza con Perú21. Eduardo Herrera, director ejecutivo de la entidad, reflexionó junto con sus invitados Juan José Martínez, experto en Gestión Pública, y Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía, sobre las causas y consecuencias de esta falta de idoneidad de los servidores públicos y de cómo el amiguismo y el carné partidario han desplazado al conocimiento y la experiencia profesional.

“Es lamentable pero hemos involucionado en cosas que nos tomaron años avanzar”, sostuvo Martínez, quien advirtió que el deterioro se inició en el llamado gobierno de transición, pero se acentuó en la administración de Pedro Castillo. “No se respeta la institucionalidad de Servir, que no tiene la intención ni la fuerza para oponerse a proyectos que se han ido promoviendo y concretando” en el marco de una “contrarreforma al servicio civil, (...) planteada básicamente desde el Congreso, desde 2016, por conflictos de intereses e ignorancia pura”, acotó.

Agregó que esa práctica de “tomar la entidad pública como botín y designar a la gente que yo quiero” no es nueva. Lo que prima, subrayó, es que “no importa si esa gente está calificada, si tiene problemas con la justicia o de otro tipo. Los nombro porque son un vehículo para que yo, autoridad, haga lo que quiero”. Así de claro.

Frente a ese escenario, y en su condición de expresidente de Servir, Martínez insistió en que esa entidad “podría haber tenido una actuación más importante” y ubicarse “en la primera línea de combate”. Sin embargo, comentó, lo que hay es un “silencio que llama la atención”.

¿Qué hacer? Para el experto son tres cosas: que el Ejecutivo predique con el ejemplo y mejore la calidad de los nombramientos, que Servir cumpla con su papel de ente rector y supervise y verifique qué entidades cumplen con las reglas y, por último, corregir el sobredimensionamiento de personal en las entidades públicas.

El gerente general del IPE, Diego Macera, por su parte, remarcó que este “punto de quiebre” que ha implicado la flexibilización alarmante de los requisitos mínimos para ocupar un cargo público “obviamente ha dañado la capacidad de funcionamiento de varias instituciones públicas claves”. El ejemplo está a la vista diariamente en la carencia de pasaportes, de DNI, de brevetes, de vacunas que expiran, etc.

“Son los casos más emblemáticos, pero ciertamente no son los únicos y la preocupación es que, conforme pase más el tiempo y se vaya asentando más la estructura que tenemos hoy, el deterioro va a ser mucho mayor”, reflexionó.

El economista, además, hizo hincapié en el costo que tiene para el Estado y los ciudadanos esta falta de meritocracia que repercute directamente en la toma de decisiones erradas que involucran incluso compras de varios millones de soles.

“Más que el sueldo que reciben esos funcionarios no competentes, lo que preocupan son las malas decisiones que toman y que terminamos pagando todos los contribuyentes”, puntualizó.