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El caso ‘Robaluz’ estableció precedente
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El 6 de octubre de 2009, la entonces congresista Rocío González (UPP) fue desaforada por afrontar una condena a cuatro años de prisión suspendida por delito contra el Estado al momento de asumir sus funciones.
González, quien votaba en el mismo sentido de la bancada aprista –en ese entonces, el oficialismo–, había sido condenada por hurto agravado de energía eléctrica pocos días antes de asumir sus funciones en julio de 2006. Por este hecho, fue conocida con el apelativo de 'Robaluz'.
No fue necesaria una sesión plenaria. La decisión fue adoptada por el Consejo Directivo, por mayoría, tras evaluar un informe de la Comisión de Constitución.
De nada sirvió el intento del aprismo por blindarla. Incluso, se pretendió aplicarle la modificación del artículo 25° del Reglamento –aprobado en 2007– para evitar que se convocara al accesitario.
El entonces vocero de la bancada nacionalista, Daniel Abugattás, avaló el desafuero y destacó que se había procedido de acuerdo con el reglamento.
González acusó a la bancada nacionalista de estar detrás de su desafuero.
El precedente se aplicó el 17 de octubre de 2010 cuando se impidió que la accesitaria Francis Zegarra asumiera el cargo.
Zegarra había sido condenada a tres años de prisión suspendida por delito contra el patrimonio, en abril de 2009.
El beneficiado con estos impedimentos judiciales fue el segundo accesitario, Tomás Zamudio, quien accedió a la curul y fue reelegido en abril del año pasado. Ahora es el presidente de la Comisión de Defensa.
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