Los nuevos enemigos públicos

Santiago Pedraglio,Opina.21spedraglio@peru21.com

Que se ajuste formalmente a derecho o no, es algo secundario en el contexto en que están ocurriendo estos hechos.

Porque la medida se convierte en un mensaje a toda autoridad que ose identificarse con posiciones críticas al Gobierno, referidas a la minería u otros asuntos; peor aún si participan en movilizaciones de protesta. Lo abiertamente contradictorio es que el Gobierno había pedido negociar con el alcalde y no con los dirigentes de las comunidades, bastante organizadas en la zona, antes de que los reclamos –que tenían meses, si no años– se transformaran en movilizaciones y, después, en enfrentamientos.

Las autoridades políticas elegidas por la población, sean parlamentarios, alcaldes o presidentes regionales, tienen derecho a opinar contra el gobierno nacional y a movilizarse en apoyo de las protestas que consideren justas. Pero desde el Gobierno y los medios de comunicación se pretende crear una corriente de opinión que las condena por eso. Se comienza por descalificarlas políticamente con membretes como "antinacionales", "premodernos" y "antimineros" y se continúa con amenazas –o acciones– por la vía judicial.

¿Qué ha pasado para que el ayer combativo Ollanta Humala se sienta hoy tan inseguro en el poder que deba transformar, en unos cuantos meses, a sus antiguos representados en sus jurados enemigos? ¿De dónde deduce el presidente que para mantener la gobernabilidad tiene que apelar a ese estilo, a esas medidas represivas y amedrentadoras? ¿Realmente considera que el Perú no es viable sin la extracción minera a cualquier precio? Salvo que la soberbia o la inconsistencia se lo impidan, lo mínimo que le debe al país, en particular a los que votaron por él en la primera vuelta, son explicaciones serias; y, mejor sería, rectificaciones.